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10 de enero de 2006

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LaTercera / Nacional

Cuatro colonos testigos aseguraron al ministro Zepeda que un grupo de 10 conscriptos fusiló a detenidos en el enclave

Juez investiga a patrulla militar por ejecuciones en ex Dignidad

Datos allegados al magistrado apuntan a que no sólo se produjeron muertes en 1973 y 1974. P Además, le revelaron que efectivos de Carabineros habrían fusilado a algunas personas que permanecían en la ex Colonia.

Fecha edición: 10-01-2006

Foto Portada

La semana pasada, el juez Zepeda concurrió a la ex Colonia para conocer la fosa donde fueron depositados restos de detenidos desaparecidos, los que luego fueron exhumados. El ministro mantiene la esperanza de dar con algún rastro orgánico que permita comparar ADN.

Foto Portada

Paul Schäfer S. Fundador de ex Colonia Dignidad.

Al menos cuatro colonos, que fueron testigos presenciales de los fusilamientos perpetrados en Colonia Dignidad, revelaron al ministro Jorge Zepeda que fueron patrullas militares de la zona las que dispararon contra prisioneros políticos.

Pese a que no han podido precisar identidades, las declaraciones relativas a las ejecuciones que se realizaron entre octubre y noviembre de 1973, que habrían sido las más masivas, apuntan a un grupo de 10 conscriptos, cuyo mando el ministro Zepeda se encuentra investigando.

Se presume que los conscriptos habrían pertenecido a la Escuela de Artillería de Linares. De hecho, fue a ese lugar donde, se dijo en esa época, serían llevados desde la cárcel de Parral 34 detenidos. Ellos nunca llegaron a la Escuela y su paradero aún se desconoce.

Otro fusilamiento habría ocurrido en 1974, y el ministro Zepeda también tiene testigos de ese hecho. La fecha coincide con la desaparición desde Parral de Hernán Sarmiento Sabater y Aroldo Vivian Laurie Luengo, detenidos por carabineros y sacados desde la comisaría de la zona con destino incierto.

Los testigos tienen la calidad de "reservados". Se trata de personas muy vinculadas al ex jerarca Paul Schäfer, como por ejemplo Gerhard Mücke, y también colonos de confianza, que cumplían tareas concretas, como quien manejó la retroexcavadora y preparó las fosas para el entierro de los cuerpos.

Además de militares, los testigos apuntaron a la supuesta participación de personal de Carabineros en algunas ejecuciones.

No está claro aún que sólo hayan ocurrido dos fusilamientos, en 1973 y 1974. Fuentes cercanas al proceso dijeron que el ministro maneja la información de que fueron más, realizados en fechas distintas. Por eso es que se está trabajando en cinco puntos, donde se habrían realizado las exhumaciones.

Zepeda ya tuvo éxito en uno de esos lugares: dio con una fosa donde permanecieron cuerpos de detenidos desaparecidos, que el año 1978 fueron desenterrados y quemados. Sus cenizas habrían sido lanzadas al río Perquilauquén.

Las declaraciones de los testigos reservados son concordantes con la ya acreditada relación entre los jerarcas de la ex Colonia y agentes de la disuelta Dina, comenzando por los vínculos entre Schäfer y Manuel Contreras Sepúlveda. Dicha colaboración quedó establecida en el proceso por la desaparición de tres militantes del Mapu en mayo de 1976: Antonio Elizondo y su esposa, Elizabeth Rekas, y Juan Maino Canales. Los vehículos de estas víctimas habrían terminado en el enclave alemán. A principios del año pasado, el equipo encabezado por Zepeda encontró restos de automóviles, hallados gracias a datos aportados por ex colonos.

Continúan excavaciones

El ministro Jorge Zepeda recibió ayer en su despacho al antropólogo Kenneth Jensen, donde se le informó respecto de los avances en la búsqueda de fosas en el enclave alemán.

Trascendió que la mayor preocupación del juez es encontrar algún vestigio de sustancia orgánica, que pueda ser periciada y contrastada con el ADN de familiares de los desaparecidos. Aunque las esperanzas siguen siendo escasas, se pretende llegar al final de la fosa hallada hace dos semanas, para descartar por completo esa posibilidad.

El magistrado saldrá de vacaciones en febrero, por lo que se encuentra afinando resoluciones a adoptar. En todo caso, no resolvería respecto de la petición de procesamientos por asociación ilícita, pues ello quedaría para marzo.